Nueva actualización de los valores catastrales en 70 ayuntamientos gallegos, para el 2017

06/10/2016-La Voz de Galicia

Setenta concellos que actualizarán los valores en el 2017 se suman a los 98 que lo están haciendo a lo largo del 2016

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La revisión de los valores catastrales que tienen previsto llevar a cabo 70 municipios gallegos a lo largo del próximo año 2017 afectará a unos 327.535 recibos del impuesto de bienes inmuebles (IBI), según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda. Esta nueva actualización, que engloba a casi la cuarta parte de los ayuntamientos que hay en la comunidad, se suma al casi centenar de concellos que cerrará el presente año con una puesta al día de los valores. Su alza ha servido a la mayoría de las haciendas locales, lastradas por la caída de ingresos que ocasionó la crisis y por una endémica inhibición fiscal, para proteger sus recursos.

El pilar de los ingresos

El valor catastral es la base de cálculo para la mayor parte de los tributos ligados a los inmuebles; en el ámbito local tiene impacto directo en las plusvalías municipales y en el IBI, la gran joya fiscal de los ayuntamientos, un impuesto que aporta, por término medio, un 30 % de sus ingresos.

La antigüedad de la construcción, el estado de conservación o su ubicación, entre otros, son algunos de los criterios técnicos que utiliza el Catastro -dependiente de Hacienda – para determinar unos valores cuya adaptación es responsabilidad de los ayuntamientos. Muchos llevaban más de 20 años sin plantear revisiones. Pero la crisis obligó a hacerlo. En el 2011, antes de que se desplomaran los ingresos, los datos de Hacienda mostraban que había 134 concellos, es decir, el 40 % del total, que tenían sin actualizar el catastro desde hacía 20 años.

La información actualizada por el ministerio muestra que el valor catastral medio se situaba a finales del 2015 en 39.177 euros, la cifra más alta de toda la serie histórica y un 21 % superior a la del 2008, el año que marca el inicio de la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Hacienda, en su último informe, revela que, dependiendo del municipio, el recibo del IBI ha subido en la comunidad gallega entre un 20 y un 30 % durante los últimos siete años, período que coincide con un brusco incremento del paro y con una profunda devaluación de los salarios.

Los tipos

En el aumento de la factura que paga anualmente cada familia en contribución urbana ha influido la revisión de los valores, pero también el aumento gradual de tipos por parte de muchos ayuntamientos y, sobre todo, la decisión del Gobierno central a finales del 2011 según la cual, con carácter general, se aprobaba una subida de entre el 4 % y el 11 %, en función del año en que se hubiera llevado a cabo la última revisión del Catastro. Este paso dado por la Administración central propició que los alcaldes y sus corporaciones locales, en plena crisis, pudiesen ver aumentada la recaudación sin asumir el coste social de una subida de impuestos.

Hasta esa fecha, los ayuntamientos habían denunciado que la deficiente realización de la renovación y mantenimiento del catastro propiciaba que la recaudación efectiva en el IBI fuese muy inferior a la potencial en muchos municipios de la comunidad gallega.

Más esfuerzo para las familias en su peor momento

Hace apenas unos meses, el Instituto Galego de Estatística (IGE) hizo público un informe fiscal en el que revelaba que, entre los años 2011 y 2013, coincidiendo con lo más duro de la crisis, los ayuntamientos gallegos habían incrementado su recaudación fiscal casi un 6 %. La tendencia ha continuado en los años posteriores. Y la calle tiene puesto el ojo en el IBI: cómo es posible que tras el pinchazo de la burbuja, que supone una profunda devaluación de los inmuebles, se haya disparado el recibo de este impuesto. Hacienda establece que el valor catastral nunca puede situarse por encima del 50 % del valor de mercado. Los hogares se han sentido molestos con una subida que coincide con mayores apuros económicos, pero también conviene recordar que muchos catastros no se actualizaban desde los años ochenta y noventa.

Esto quiere decir que con el bum inmobiliario tampoco subían las referencias, lo que entonces favorecía a los hogares. La Dirección General del Catastro, consultada sobre este asunto, se muestra clara. Y advierte de que Hacienda le pone un valor a un bien o identifica uno donde antes no existía, pero que son los municipios, en el ejercicio de sus competencias, los que deciden sobre el impuesto y los tipos.

Sin embargo, parte del malestar social, sobre todo en el medio rural, viene determinado por un aspecto que no tiene que ver con la revisión de los valores, sino con un plan impulsado por Hacienda -dentro de la lucha contra el fraude- y que tiene por objeto la regularización. Es decir, que afloren bienes ocultos.

A este programa, con vigencia hasta el 2016, se han acogido 91 municipios gallegos. Y ha permitido que se identificaran casas nuevas, ampliaciones, reformas y, sobre todo, bienes inmuebles del rural que no estaban identificados a efectos catastrales: naves, almacenes y establos hasta ahora ocultos. El plan ha afectado a la contribución tanto urbana como rústica.

La regularización de bienes impulsada por Hacienda ha tenido un especial impacto en las explotaciones agroganaderas de mayor tamaño. Sus titulares no tributaban nada al tratarse de un bien que no había aflorado y ahora se encuentran con recibos en un momento de crisis, sobre todo en el sector lácteo.

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