En Galicia, el cobro de la tasa de regularización catastral de las construcciones irregulares detectadas por Hacienda asciende a 12,7 millones de euros

16/08/2016-La Voz de Galicia

Lugo es la provincia de España con más casos descubiertos, y A Coruña, la tercera

regulacion_catastralLa crisis económica ha generado en las arcas municipales un agujero en sus previsiones de ingresos para el que la mayoría de los ayuntamientos no estaban preparados. La iniciativa del Ministerio de Hacienda de hacer aflorar bienes inmuebles que no estaban contribuyendo con el pago de impuestos ha tenido un éxito tal entre la Administración local que el 83 por ciento de los ayuntamientos españoles se han acogido al proceso voluntario de regularización catastral, quedando únicamente al margen del plan de lucha contra el fraude inmobiliario 1.791 de los 8.122 municipios españoles.

Los ayuntamientos son los beneficiarios finales como receptores del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de las construcciones y parcelas que se han hecho aflorar y han pasado a integrar los registros del Catastro, pero Hacienda es la primera beneficiaria de la regularización de las propiedades detectadas por el plan puesto en marcha en el 2014 y que está previsto concluya el año que viene.

Solo en Galicia, las arcas públicas del Estado han ingresado 12,78 millones de euros por el cobro de la tasa de regularización catastral de las propiedades que se detectó no habían sido dadas de alta. En toda España dicha vía generó por ahora la recaudación de 96,9 millones de euros.

La tasa, como apunta José Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), es de pago obligado desde que se adoptó dicha fórmula en lugar de que la Administración abriese un expediente sancionador, que daba lugar en numerosos casos a pleitos que se prolongaban en el tiempo sin repercusión para las arcas públicas. «No se trata de una amnistía, es una tasa automática que se debe pagar una vez que es descubierto un bien inmueble sin declarar. Su pago no se puede discutir», apunta desde un punto de vista crítico con el plan del Catastro. Estima que el esfuerzo ha requerido de más de cien millones de euros de gasto en la contratación de empresas que han hecho el control de parcelas y construcciones mediante fotos aéreas y vía satélite y su posterior certificación a pie de campo, que dice no ha supuesto más que un 3 % a mayores en la recaudación del IBI. Mientras, lamenta que no se invierta en habilitar más plazas de funcionarios para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

Construcciones nuevas sin declarar, reformas y cambios de uso de edificaciones de todo tipo, ampliaciones, rehabilitaciones, piscinas, garajes y naves sin dar de alta integran el grueso del catálogo en el fraude inmobiliario detectado.

171 concellos revisados

El importe de las tasas ingresadas por Hacienda en Galicia fruto de la regularización de inmuebles rústicos y urbanos que no habían sido declarados solo son superadas por Andalucía, donde fueron abonados 22,3 millones para dejar en regla las propiedades opacas.

En Galicia ya han sido fiscalizados al completo 171 de sus 314 ayuntamientos, en un plan que el Ministerio de Hacienda recalca no implica una revisión de los valores catastrales en los municipios controlados. Prácticamente se han comprobado la mitad de fincas, edificaciones y demás bienes inmuebles de la comunidad, proceso que ha llevado a descubrir 213.017 propiedades sin dar de alta en el Catastro o con una clasificación diferente a la que se había hecho constar de manera oficial.

Lugo, a la cabeza

Lugo es la provincia de toda España donde más inmuebles sin dar correctamente de alta fueron descubiertos, con un total de 85.289 propiedades descubiertas en los 52 ayuntamientos revisados hasta el momento. Solo Málaga impide que A Coruña sea la segunda provincia donde más fraude catastral se ha descubierto, al detectarse 68.702 bienes sin regularizar. En Pontevedra fueron detectados 31.466, más 796 en el área de Vigo, y 26.764 más en la provincia de Ourense.

Los concellos ingresaron 90 millones con las altas forzadas y los atrasos

De los 314 concellos gallegos 236 se han adherido al programa de búsqueda de bienes no declarados, quedando pendientes ya solo 65 para culminar la revisión, a la que no se han acogido ayuntamientos como el de A Coruña, Pontevedra o el de Ourense, según los datos de Hacienda. Faltan por completar el control de puntos como Santiago, Arteixo, Betanzos, Carballo, Narón, Sarria, O Barco, Celanova, Moaña, Mos o Nigrán. Pero aunque en el listado por concluir hay villas de tamaño medio, además de la capital de la comunidad, la actualización del Catastro ha permitido a los ayuntamientos ya revisados ver incrementada su recaudación por impuestos inmobiliarios en 90 millones de euros a lo largo de los tres años de vigencia del plan de control puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda. La cuota íntegra del IBI registró un ascenso en Galicia tras la regularización de los inmuebles no dados de alta o mal registrados de 4,3 millones de euros en el 2014; ascendió a 7,9 el año pasado, y volvió a crecer hasta 8,7 millones con las altas forzadas en la comunidad en la primera mitad del año en curso. Los cálculos de Hacienda señalan que el incremento en la cuota del IBI en Galicia llegó a 6,4 %, añadiendo a dichas cifras otros 52,3 millones de euros más en atrasos en los cuatro años anteriores, lo que arroja como resultado del programa de fiscalización en Galicia un aumento de 90 millones en la recaudación del IBI.

Un registro que describe todas las parcelas

Los inmuebles dados de alta en Galicia fruto de la campaña de regularización llevada a cabo por Hacienda han hecho que el importe medio de los recibos de IBI en zona urbana en la comunidad se haya incrementado en 113 euros, mientras que la cifra tipo en el conjunto de España es de 178.

«Es una cifra interesante para las arcas de los ayuntamientos», reconocen los técnicos de Hacienda, que señalan que lo más común es ver como edificaciones abandonadas en el medio rural cobran vida constructiva sin ser actualizadas en el Catastro pese a ganar casi siempre una altura en su transformación, o como balsas de riego se convierten en piscinas, secaderos en pistas de tenis o gallineros en garajes.

Los técnicos del ministerio señalan que en la mayoría de los casos no hay desconocimiento, sino atrevimiento a la hora de modificar usos sin darlos de alta.

¿Pero cuáles son los inmuebles que deben de ser declarados? Básicamente todas las modificaciones en los inmuebles que afecten a la descripción que figura en los registros de Hacienda. La realización de nuevas construcciones está obligada a ser declarada en el Catastro, el registro en el que se describen los inmuebles, así como las ampliaciones, rehabilitaciones, reformas, demoliciones o derribos de las que existan, aunque dichas actuaciones hayan sido parciales.

La modificación de usos de una parcela o construcción, así como los cambios de cultivo o aprovechamiento del suelo también tienen que ser sometidas al cálculo de Hacienda para comprobar si se obtiene una mayor rentabilidad que modificaría el importe del IBI a pagar.

La segregación, división y agrupación de parcelas también tiene que ser notificada, así como la compra de cualquier propiedad inmueble, o incluso las variaciones en la participación de cada cónyuge en bienes comunes.

Desde que se lleva a cabo un cambio en una propiedad, sea este físico o por cambio de titularidad, el propietario dispone de dos meses para regularizar la situación del inmueble, contando como punto temporal de partida la fecha de terminación de la obra, la autorización administrativa para modificar el uso o la escritura pública si cambian las participaciones en una propiedad.

Además del programa que está llevando a cabo Hacienda para hacer aflorar bienes incorrectamente registrados, los particulares también pueden dar el paso de actualizar la declaración de sus bienes mediante el llamado procedimiento de regularización catastral, que permite incorporar las modificaciones mediante el pago de una tasa de 60 euros por cada inmueble, cantidad que el ministerio asegura que es destinada a costear la lucha contra el fraude inmobiliario.

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