Se detectan irregularidades en la gestión del monte en mano común

10/07/2016-El Progreso
La Fiscalía ha detectado maniobras para la apropiación encubierta del monte comunal y para cobrar subvenciones agrarias
Comuneros y maderistas amenazan y presionan a los funcionarios para que autoricen talas
EL MONTE EN LUGO está que arde, y no precisamente por los incendios, sino por la polémica generada en torno a la situación de los montes en mano común, que ha provocado que incluso la Fiscalía tome cartas en el asunto y haya abierto diligencias previas. Entre las ilegalidades que se investigan está “el incumplimiento sistemático del régimen sobre la cesión de los aprovechamientos forestales, que supone un reparto fáctico del monte“, la apropiación por particulares de los terrenos y “la declaración ilegal por particulares de terrenos en montes vecinales para el cobro de ayudas agrarias“.
El problema, no obstante, no ha comenzado ahora, sino que lleva arrastrándose un par de años, desde que el servicio de Montes y el servicio jurídico de la Jefatura Territorial de Medio Rural en Lugo comenzaron a aplicar la ley a rajatabla y a denegar permisos de tala y ayudas cuando detectaban un aprovechamiento particular irregular del monte vecinal. Fue dicha jefatura la que llevó el asunto a la Fiscalía, tras convertirse la situación “en una olla a presión. Incluso nos amenazan los comuneros. Algunos maderistas nos han llegado a amenazar hasta de muerte, porque ven que han plantado el terreno y ahora no lo pueden cortar“, según explican el jefe territorial, Ramón Losada; el responsable de Montes, Ramón Rozadillas, y la abogada de la jefatura, Lucía Belver.

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En efecto, desde 2014 hasta ahora se han denegado los permisos de tala a favor de particulares solicitados por 31 comunidades de montes, y en cada uno de esos casos se han realizado decenas peticiones. El resultado es que hay miles de hectáreas de madera sin cortar, ayudas y subvenciones sin aprobar o cambios de uso pendientes. Un auténtico conflicto social.

El monte vecinal en mano común supone el 32% de total de la superficie de la provincia

No es para menos. El monte vecinal en mano común supone el 32% de total de la superficie de la provincia, 205.842 hectáreas clasificadas en 949 de estas sociedades. Para hacerse una idea siquiera aproximada de lo que el monte en mano común supone para la generación de riqueza en el rural y la fijación de población, si todas esas hectáreas se aprovecharan simplemente plantando eucalipto generarían alrededor de 300 millones de euros al año, calculando que una hectárea de eucalipto se está pagando en la actualidad a unos 15.000 euros y que tardan unos doce años en crecer.

La clave en todo este asunto es comprender la naturaleza misma del monte vecinal en mano común, que es indivisible, inalienable e imprescriptible, lo que significa que la división no es legal nunca, aunque fuera acordada hace décadas o incluso arrastre títulos de propiedad o se haya transmitido por herencia. “Es una institución muy arraigada en Galicia“, defienden desde la Jefatura de Medio Rural en Lugo, “un tipo de propiedad ligada a la residencia, no a la pertenencia. El comunero es el que tiene casa abierta y con humo en ese lugar. Como mínimo, diez meses al año. Si se va, deja de tener derecho, y cualquier persona que llegue a vivir a ese lugar, adquiere derecho“. Además, la riqueza que se produce debe revertir en el propio lugar, por lo que es un elemento básico de fijación de población.

La realidad es que la desprotección y falta de atención de los encargados de mantenerlo, desde la Administración a los propios comuneros, ha hecho que se pasara de los 2 millones de hectáreas en mano común clasificadas en el siglo XIX en Galicia a las apenas 640.000 que hay hoy. “Comenzaron los acotamientos y la mayor parte pasó a propietarios particulares“, denuncia Lucía Belver. “Estos intentaron posteriormente generar escrituras; como eran los propios comuneros los más interesados en ese reparto, no se denunciaba o no acudían a los procedimientos judiciales“.

Medio Rural: “Es difícil convencer a la gente de que esas tierras no son suyas. Y los comuneros que han plantado como particulares o los maderistas no quieren solucionar nada”

El gran cambio se produjo en 2014, a raíz de la entrada en vigor del decreto sobre aprovechamientos en montes privados y de una auditoría de la Unión Europea. “Detectaron”, explican desde Medio Rural, “que las ayudas concedidas en base a las propiedad de las parcelas no cuadraban. Desde entonces se exige que se acredite la titularidad del aprovechamiento. Antes no se controlaba, las ayudas se daban sin cumplir con la obligación de determinar si el que las pedía era el propietario o el titular del terreno“. Lo mismo sucede para autorizar talas, cesiones o cambios de uso de los terrenos. Además, los montes deben gestionarse a través de proyectos de ordenación específicos.

De los 949 montes clasificados, solo 319 cuentan con comunidad constituida, y solo unas 200 de ellas están cumpliendo más o menos con los requisitos legales.

SOLUCIONES. Desde Medio Rural de Lugo se propone una solución para desatascar el problema: que las asambleas de las comunidades reconozcan que esas personas son plantadores de buena fe, y estos a su vez acepten indemnizar a la comunidad, asumiendo todos que esa indemnización debe ser para toda la comunidad y que el 40% de ella debe revertir en el propio monte.

El grave problema, alertan desde Medio Rural en Lugo, “es que es difícil convencer a la gente de que esas tierras no son suyas. Y los comuneros que han plantado como particulares o los maderistas no quieren solucionar nada, consideran que les estás quitando algo suyo porque lo han plantado ellos. Hay un conflicto social muy grave“.

Un conflicto que necesita una solución definitiva. El fiscal puede dar la batalla en caso de que se detecten o denuncien delitos, pero, según recoge el propio Roberto Brezmes en su informe anual y según han propuesto a la Consellería sus funcionarios de Lugo, se precisan cambios legislativos: primero, establecer una moratoria o un periodo transitorio para evitar el estallido social; y luego, establecer un régimen sancionador en la ley y que la Administración pueda declarar el estado de abandono para actuar en casos de grave desprotección. Está en juego la subsistencia del mundo rural.

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