La permisibilidad urbanística de los tiempos de la burbuja inmobiliaria pone a varios concellos de la Costa da Morte con la soga al cuello

19/05/2016-La Voz de Galicia

Malpica, Fisterra, Dumbría o Ponteceso sufren su planeamiento o la falta de él

concellos_costa_morteLa manga ancha o directamente la especulación al borde de la ley acumulada desde hace decenios, especialmente en los años de la burbuja inmobiliaria, tiene ahora a varios concellos de la Costa da Morte con la soga al cuello. Sus planeamientos urbanísticos no responden a sus necesidades, caso de Vimianzo; permitieron un desarrollo incorrecto y hasta peligroso, como ocurre en Ponteceso; les impiden crecer dentro de la ley, como pasa en Dumbría o incluso blanden sobre las cabezas municipales la amenaza de tener que pagar indemnizaciones millonarias, que es lo que temen en Fisterra o Malpica.

Este último Concello, por ejemplo, ultima los trámites burocráticos, a instancias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), para la adjudicación de las obras de derribo del cuarto piso del edificio situado en el número 21 de Rueiro da Praia. Así lo confirmó el alcalde, Eduardo Parga Veiga, quien, apuntó que, salvo cambios de última hora, la firma de contrato con la dirección de la empresa adjudicataria, se llevará a cabo este viernes.

El regidor también anunció que será el Ayuntamiento el que se haga cargo de la minuta «xa que a familia dixo que non ten recursos para facer fronte á obra de demolición», presupuestada en algo más de 31.000 euros. Y añadió: «O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia xa deixou claro en máis dunha resolución que se os propietarios non poden pagar a obra terá que ser o Concello, como responsable civil subsidiario, quen o faga». El mandatario recordó que el Ayuntamiento tendrá «a obriga» posteriormente de reclamar el dinero a la familia afectada «aínda que ese paso non o estudamos á espera de proceder á demolición por orde xudicial». Sobre plazos, el alcalde se mostró prudente debido a que la tramitación y unos tiempos muy precisos.

Mientras, Fernando Graña, afectado y propietario del piso sobre el que pende la orden de derribo, explicó que todavía le queda un cartucho en la recámara para evitar el derribo de un piso sobre el que pesa un litigio desde hace más de 31 años. «Presentamos un proxecto de legalización esta semana ante o xuíz a través dun perito fiscal», argumentó el titular del inmueble. Según él, la opción más viable sería «converter o piso nun baixo-cuberta que si é factible porque así están nas normas subsidiarias polas que se rexe o Concello de Malpica». Fernando Graña espera que el TSXG atienda su escrito y evite así una demolición que se da por segura tras los sucesivos rechazos de las alegaciones presentadas ante el TSXG y el Tribunal Supremo. Este último organismo judicial tumbó el último recurso de queja presentado por la defensa.

Es solo un ejemplo, pero por toda la comarca hay repartidos cientos de procesos judiciales relacionados con infracciones urbanísticas -solo en Camariñas se presentaron medio centenar de denuncias juntas- que, antes o después, se van a traducir en derribos, órdenes de reposición de la legalidad, millones de euros tirados a la basura y un urbanismo nada edificante.

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