La reforma de la Ley de Montes y los incendios del Norte de la Península

20/12/2015-El Mundo

montes_MosEl 21 de julio de este año la conocida como Ley de Montes (Ley 43/2003) era reformada por el Gobierno de Mariano Rajoy y en contra de la oposición, los sindicatos y ecologistas que pusieron el grito en el cielo ante algunos puntos que consideraron más que dañinos para el medioambiente. Hoy la polémica reforma vuelve a escena tras los graves incendios declarados en el Norte de la Península y que han afectado a Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco.

Reforma Ley de Montes

El pasado mes de octubre dicha Ley entró en vigor y desde ese momento se dio luz verde a la enmienda por la que se permite construir en un terreno forestal incendiado sin que hayan pasado 30 años (como regía la Ley anterior) cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden.

La enmienda se aprobó con los votos a favor del PP, UPyD y UPN, la abstención del PSOE y el voto en contra del resto de grupos. Las mayores críticas se centraron en que dicha enmienda se entrometía en las competencias autonómicas y desprotegía los montes al permitir el cambio de uso antes de que se cumplan 30 años tras el incendio en un terreno forestal.

El texto contempla que “con carácter excepcional” las CCAA podrán cambiar de uso un espacio calcinado “cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden” que sean aprobadas por ley, siempre que se adopten medidas compensatorias para recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada.

En aquel momento Manuel Torres, diputado el PP, explicó que la nueva regulación pretende evitar que no se lleven a cabo actuaciones de interés público por motivos de incendio.

Por su parte, las cinco grandes organizaciones ecologistas de ámbito nacional (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) consideraron que, con la aprobación de la nueva Ley de Montes, el Gobierno “consumaba un nuevo paso de desregulación y desprotección ambiental en la Legislatura”, y “omitía el interés general para favorecer el privado”.

Uno de los aspectos que más rechazo les provocó fue que se reabrió “la posibilidad de construir en montes quemados” facilitando, a su juicio, “la especulación urbanística, que ha motivado algunos de los mayores incendios de nuestro país”.

La modificada Ley de Montes ha permitido el cambio de uso como una excepción en el artículo 50.1: “Asimismo, con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso en la propia ley junto con la procedencia del cambio de uso”.

Las denuncias también llegaron de la mano de los agentes forestales. En un primer momento, el Ejecutivo propuso un texto en el que se suprimía la referencia expresa a la condición de funcionarios de estos agentes y además añadía que su actuación se entendía de forma auxiliar con la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con respeto a las facultades de su legislación orgánica reguladora.

Sin embargo, y antes las protestas surgidas, el Grupo Popular presentó una enmienda al proyecto de Ley de Montes por el que recupera la definición vigente de agente forestal.

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