Se inicia el censo de inmuebles a medio construir o abandonados en Cangas (Pontevedra)

aerea_cangas26/09/2015-Faro de Vigo

Tras conseguir que los bancos empiecen a limpiar las fincas de su propiedad en el casco urbano, la concejalía de Medio Ambiente que dirige Tania Castro (ACE) se centra ahora en el control de las fincas donde se ubican edificios o chalés que la crisis financiera paralizó de golpe y que hoy forma parte de un paisaje fantasmagórico que rinde homenaje a ese pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Cangas.

La concejalía quiere tener un control de seguridad y ornato sobre estas construcciones y está realizando un censo de inmuebles que se encuentran en esta situación. Pero al igual que lo fue en el caso de las fincas, también es difícil identificar a los actuales propietarios de estas “construcciones muertas”.

Como señala Tania Castro, conocer la verdadera propiedad de las edificaciones abandonadas es tremendamente complicado. La mayoría de los inmuebles detectados pertenecen a empresas que desaparecieron o que cambiaron de nombre. Hay otras que tras varias fases de procesos judiciales son ya propiedad de los bancos, tras los preceptivos embargos.

El Concello de Cangas ya inició los trámites para retirar una grúa de la construcción que se encuentra situada en las inmediaciones de unos chalés que se dejaron a medio construir en la zona de O Gatañal. Tras las primeras investigaciones se supo que la grúa pertenece a una empresa que ya no existe, por lo que según la concejala de Medio Ambiente, Tania Castro, al pasar seis meses puede ser ya considerada un residuo.

La concejalía también está trabajando en el control de vertidos de escombro de la zona rural, Se trata de escombro de obras relacionadas con pequeñas reformas en casas que se acumulan en zonas no adecuadas. Una vez que la Policía Local detecta la procedencia del escombro, el gobierno local concede solo cinco días de plazo a los afectados para que la retire este tipo de residuo. En un par de meses, este método permitió acabar con 10 escombreras de obra que contaminaban el monte y afeaban el paisaje rural. Incluso a los infractores se les advirtió de que podían ser sancionados con una multa que va desde los 300 a los 1.000 euros.

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