Hacienda reformará la ley para retirar el IBI urbano al suelo edificable sin desarrollar

El Supremo impone el pago de la contribución rústica mientras no se urbanicen fincas. En Galicia hay 46.300 hectáreas sin edificar

 

suelo_rustico_convertido_urbanizable05/11/2014-Faro de Vigo

El Ministerio de Hacienda reformará la Ley del Catastro Inmobiliario para retirar el IBI urbano que pagan los dueños de los suelos urbanizables que aún estén sin desarrollar (sin plan especial, suministro eléctrico, agua, calles o edificios). Tal cual como está ahora la norma, en cuanto un ayuntamiento recalifica un área rústica para definirla como urbanizable, automáticamente para el Catastro pasa a tener ya la consideración de suelo urbano y por ello obliga a tributar el IBI urbano, mucho más elevado que el rústico. Da igual que ese terreno siga cubierto de maleza, que no se haya movido ni una paletada de tierra o que ni siquiera se hayan realizado los planes de desarrollo, que su valor catastral ya se ha multiplicado con el consiguiente aumento impositivo. La razón de fondo es que la calificación urbanística y la catastral no son homogéneas, aunque esta disfunción se arrastra desde hace años. Mientras que para los ayuntamientos hay diferencias entre suelo urbanizable y urbano (y diferentes tipos para cada uno), para el Catastro es exactamente lo mismo.

El detonante que motivó la revisión de la ley fue una sentencia del Tribunal Supremo del 30 de mayo de este año, referente a un polígono urbanizable de Badajoz, que determinó que sus dueños estaban exentos de pagar el IBI urbano y que les correspondía el IBI rústico porque aunque la zona estaba considerada como urbanizable no se había realizado ninguna edificación ni planificación. Lo que indica la sentencia es que los bienes inmuebles situados en suelos urbanizables solo pueden valorarse catastralmente como urbanos si disponen de un plan parcial o equivalente. Es decir, que se haya procedido a la reparcelación del terreno y a las cesiones de uso, y que disponga de electricidad, agua, calles y aceras.

Mientras no haya edificación alguna, estos terrenos tendrán la consideración, a efectos catastrales, de suelo rústico, sujeto a un impuesto mucho más bajo. Tanto para las nuevas recalificaciones como para las existentes.

Calcular el alcance real de este cambio en Galicia resulta muy difícil de evaluar, dado que ello depende del estado de desarrollo en que se encuentre cada plan de ordenación municipal y de los registros del Catastro. Pero sí se sabe que en la comunidad, según el Instituto Galego de Estatística, hay 46.300 hectáreas de parcelas urbanas sin edificar –el equivalente a una décima parte de la provincia de Pontevedra-, de las que una buena parte podrían estar afectadas.

Tras conocer la sentencia del Supremo, algunos municipios, como el de A Estrada o el de Lalín, intentaron aplicarla en sus respectivos términos municipales para eximir del pago del IBI urbano a los suelos urbanizables. De hecho, el Concello de Lalín aprobó el pasado mes de septiembre un acuerdo en este sentido y se dirigió a la Dirección General del Catastro –dependiente del Ministerio de Hacienda- para que adecuara la legislación catastral a la urbanística a la hora de definir los usos de naturaleza urbana y rústica.

En un escrito remitido el pasado día 30, el Catastro responde al Concello de Lalín que ha iniciado el procedimiento para reformar la ley u acomodar las valoraciones catastrales a lo recogido en la sentencia del Tribunal Supremo.

Tras reunirse la Dirección General del Catastro con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) –continúa la carta- se acordó por mayor seguridad jurídica “proponer la aprobación de una reforma de la Ley del Catastro Inmobiliario que recoja los nuevos criterios de clasificación del suelo de naturaleza urbana y de valoración de los suelos urbanizables que no dispongan de un planeamiento de desarrollo, acordes con la mencionada sentencia”.

Lo que se interpreta es que al final tributarán como si se tratara de suelo rústico, pues es lo que dicta la sentencia. “Esperamos que vaya por ahí la reforma”, sostiene el diputado del PP y concejal de Urbanismo del Concello de Lalín, Román Rodríguez.

Los Concellos deberán informar a Hacienda de las áreas afectadas

La sentencia del Supremo no anula las liquidaciones del IBI aplicadas a los suelos urbanizables ni los valores catastrales, por lo que si un particular recurre ante un concello para solicitar la anulación o la devolución de este tributo, su propuesta está condenada al fracaso. Al menos, por la vía administrativa, porque la Dirección General del Catastro y la FEMP llegaron a esta conclusión y acordaron que los municipios deberán desestimar todos los recursos “por falta de competencia de las entidades locales”.

Para proceder a la nueva clasificación del suelo ante Hacienda, serán los concellos los que deberán aportar la información al Catastro, indicando qué terrenos urbanizables carecen de planes de desarrollo para que, posteriormente, se los pueda incorporar a las nuevas ponencias de valores y, en consecuencia, aplicar una tasa acorde a la clasificación del suelo.

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