El Catastro rastrea bienes ocultos en 72 concellos para elevar la recaudación del IBI

04/11/2014-Faro de Vigo

Inspeccionan una cuarta parte de los municipios. En 2016 habrá “peinado” todos los consistorios.

catastrazo_mapaUna cuarta parte de los concellos gallegos ya están bajo la lupa del Catastro. El Ministerio de Hacienda rastrea bienes ocultos en 72 consistorios de la comunidad para elevar la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles. 15 son de Pontevedra, y otros tantos de Lugo, 19 de Ourense y 23 de la provincia de A Coruña.

Cuando termine 2016, todos los municipios gallegos y todos los de España, con excepción de Navarra y País Vasco, habrán pasado por esta revisión que busca bienes inmuebles que hasta ahora no aparecían en la base de datos catastral, es decir viviendas construidas pero no dadas de alta, pero sobre todo peina ampliaciones, reformas o alteraciones que se han acometido en la vivienda, pero no se han notificado y que suponen un incremento del valor del bien inmueble y en consecuencia elevan el importe del recibo del IBI, que no se está haciendo efectivo. Sería el caso de un garaje o un porche que se añade a una casa, o una piscina o un cenador que se levantan unos años después de terminar las obras del chalé, terrazas de áticos convertidas en viviendas, o la ampliación de una nave de uso agrícola o ganadero ¿Cómo los detectan? Con inspectores que pisan el terreno con cámara de fotos en mano, pero también con imágenes aéreas.

Más de un vecino ya ha recibido la notificación oficial de la Dirección General del Catastro de la actualización de sus bienes que no estaban “declarados de forma completa y correcta en el plazo establecido”. A partir de ahora, si no alegan y se les da la razón, pagarán en consecuencia más por sus bienes. Sobre todo en el IBI, pero también en el IRPF por sus viviendas no habituales y por las que tributan entre el 1% y el 2,1% del valor catastral, el cual se eleva. En al caso de venta, las plusvalías también se elevarán.

Esta revisión, que en Galicia empezó por 72 concellos, forma parte de un plan especial para luchar contra el fraude fiscal y hacer aflorar vienen inmuebles, tanto rústicos como urbanos, que bien no están declarados en el Catastro o estándolo no están bien, pues han sido objeto de modificación y ahora por ellos se debería tributar más.

Esta regularización extraordinaria se aprobó ya a finales de 2012 para entrar en vigor en 2013. En Galicia, arrancó en marzo con 12 ayuntamientos, dos de ellos de Pontevedra (Arbo y Pazos de Borbén), uno de Ourense (Verín), uno de Lugo (Barreiros) y el resto de A Coruña (Boqueixón, Cabana de Bergantiños, Culleredo, Fene, A Laracha, Mugardos, Sada y Valdoviño). Sucesivas resoluciones de la Dirección General del Catastro ampliaron la lista hasta llegar a los 72 concellos en Galicia. Alguna de estas revisiones están a punto de finalizar, pero son complicadas y hay casos en que el plazo para su realización se extiende hasta verano de 2015.

El rastreo de bienes no declarados es ya efectivo en casi 1.200 ayuntamientos en España. El Catastro preveía abrir expedientes por 1,5 millones de inmuebles en el país este año, y una cifra similar el ejercicio próximo.

Por el momento, en España se han salvado las grandes ciudades de esta regularización. En Galicia, solo Lugo forma parte ya del plan especial de rastreo. En Pontevedra destacan Baiona, Ponteareas, Moaña, Bueu o Tomiño, pero también están Arbo, Pazos de Borbén, Catoira, Fornelos de Motes, Vila de Cruces, Campo Lameiro, Meis, Pontecaldelas, O Covelo y Salceda de Caselas. No obstante, todos los consistorios pasarán por la lupa del Catastro.

TopografiaruralEl coste: una “tasa” de 60 euros y el impuesto de los últimos 4 años

La regularización de los bienes inmuebles no saldrá gratis y la cuenta a pagar no será solo a futuro. Por cada bien inmueble no declarado, el ciudadano tendrá que pagar una tasa de sesenta euros y además se le exigirá la tributación de los últimos cuatro años conforme a la base liquidable fijada por el catastro. Es decir, tendrá que pagar por lo que no había declarado en los últimos cuatro años.

La Dirección General del Catastro no ha cuantificado el incremento en la recaudación del IBI, la principal fuente de ingresos de los municipios, pero se estima, publicaba ayer El Mundo, que la regularización afectará a cerca del 10% de los más de 36 millones de recibos del IBI existentes.

El impacto económico debe ser importante, aseguraba el mismo diario, pues el coste de elaboración de los datos necesarios para la tramitación de estos expedientes es superior a los 124 millones de euros.

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